URUGUAY: Designación de los ministros de la Suprema Corte

Hay cierta inquietud expresada en diferentes ámbitos respecto a la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Uno de los actores es el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) que en su publicación Tribuna del Abogado edición número 181 y 182, expresó su preocupación.

La Constitución de la República define claramente este aspecto así como la designación popular para ejercer la Presidencia de la República, Vicepresidencia, senadores y diputados, etcétera. La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores tiene en sus manos un proyecto elaborado por el Colegio de Abogados. El mismo tiene como función dar difusión “formal y clara” en cuanto a cuáles son los nombres que se consideran en la Asamblea General; sus méritos; y opiniones sobre temas relevantes y cuáles son “los motivos para la designación o rechazo de un candidato”. Recuérdese que la Asamblea General debe expedirse por el voto de dos tercios del total de componentes, es decir que 86 voluntades definen.

El texto del proyecto del CAU consta de 9 artículos y enumera 4 puntos que el sistema pretende plasmar como objetivo:

1. Transparencia en la postulación de los eventuales candidatos.

2. La aceptación de estos, antes de que se divulgue sus nombres impide que alguien sea sometido a un manejo inadecuado de su nombre antes de aceptar las reglas de juego.

3. La publicidad de las opiniones de los candidatos, que asegura a través de las audiencias públicas, es básica para poder conocer las opiniones en temas que no son siempre objeto de pronunciamientos en primera y segunda instancia, pero que sí son frecuentes en la Corte. Se toma este día de los procesos del Senado de los Estados Unidos, aunque se sugiere hacerlo más accesible al público interesado en estos temas.

4. El derecho de cualquier ciudadano a ser oído se garantiza mediante la posibilidad de opinar sobre cada candidato. Este sistema se está utilizando mucho en el mundo y en Argentina podemos encontrar un sistema que funciona adecuadamente.

El proyecto introduce un aspecto relevante: el contralor de la opinión pública. Lisa y llanamente, que el ciudadano sepa a quién o quiénes se designa y por qué. Se apunta a una preselección; hasta aquí todo bien. Asalta la duda de cómo ese contralor de la ciudadanía se hace efectivo, se hace realidad en los hechos. Nada se dice al respecto en el texto del proyecto del CAU. Será una Comisión que tendrá a su cargo las audiencias públicas y la propia Comisión quedará facultada para realizar preguntas sobre aspectos fundamentales que hacen al cargo.

¿Cómo expresa un ciudadano su opinión si conoce algún hecho que raya la credibilidad del postulante? Cómo se canaliza una eventual denuncia o duda. El texto dice en su Artículo 4 (Opiniones en la “web”) que “por un lapso de diez días, la Comisión recibirá en el sitio web que se establezca, opiniones de cualquier ciudadano. Será condición para la recepción de la opinión la indicación del nombre, cédula de identidad y domicilio de quien opina, que la opinión sea respetuosa y razonablemente breve”. Se evidencia en el texto, un vuelco a la participación ciudadana. A pesar de ello que es plausible, no está claro y no surge nada que indiqué cómo se canalizará la denuncia de un ciudadano si está en cuestión el postulante. El CAU, la Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay y la Comisión (del Parlamento) darán su opinión sobre los postulantes, pero no hay nada escrito en referencia a cómo diligenciar una denuncia por parte de la ciudadanía.

Otro aspecto interesante y no menor es la presentación del currículum vitae y la selección de diez sentencias de los postulantes para el caso de que ellos fueran jueces, según reza el Artículo 2, que agrega  “si no lo fueran, sus diez trabajos profesionales o académicos más destacados”; refiere al Artículo 235 de la Constitución, que prevé la posibilidad de que los abogados con diez años de ejercicio aspiren a integrar la SCJ.